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Mar 22

Auditoría reveló serias deficiencias en la fiscalía federal de Paso de los Libres.

Aguapey.Paso de los Libres,22.03.2018.Tras denuncias contra el ex fiscal federal de Paso de los Libres, Benito Pont, el ministerio Público Fiscal realizó una auditoría del funcionamiento de esa fiscalía federal entre 2011/2016 y concluyó que ha sido deficiente y debe ser objeto de una sustancial mejora. Las demoras en causas y procedimientos excedieron notoriamente los límites razonablemente admitidos en un proceso penal, “conspirando contra la eficaz prestación del servicio de justicia”

Las actuaciones referidas a la Fiscalía Federal de Paso de los Libres iniciaron tiempo atrás en virtud de la presentación realizada por los doctores Carlos Adolfo Schaefer — fiscal general ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes y fiscal general subrogante ante la Cámara Federal de Apelaciones de esa ciudad— y Marcelo Colombo —fiscal general a cargo de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas— , quienes en el marco de una investigación a su cargo promovieron la acción penal en contra de varias personas, entre ellas, el doctor Benito Antonio Pont, ex fiscal federal de Paso de los Libres.

La imputación formulada contra el fiscal Benito Pont incluía la comisión de delitos de prevaricato y abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Ante la gravedad y entidad de los hechos comunicados, sumados a la existencia de distintas denuncias en el área disciplinaria vinculadas a la actuación del doctor Pont en otros procesos judiciales, desde el ministerio Público de la Nación se dispuso la intervención de la Unidad de Apoyo y Control de Actuación Funcional de la Procuración General de la Nación, a los efectos de la realización de una auditoría en la citada dependencia, con especial énfasis en las investigaciones sobre trata de personas.

Luego del desarrollo de las arduas tareas de auditoría llevadas adelante en la fiscalía de Paso de los Libres, la titular de la Unidad de Apoyo y Control Funcional elevó a la Procuraduría General de la Nación el informe final.

El informe de la auditoría fue presentado en septiembre del año pasado pero publicado recientemente en la página del ministerio Público Fiscal de la Nación (www.mpf.gov.ar).

En ese documento se concluyó que la actuación funcional de la Fiscalía Federal de Paso de los Libres, durante el período 2011/2016, más allá de la responsabilidad penal que pudiere caberle al doctor Pont, ha sido deficiente y debe ser objeto de una sustancial mejora.

En esa línea, indicó que “el aporte a la administración de justicia y la dilucidación de las investigaciones por parte de la fiscalía auditada ha sido escaso”.

El informe muestra la existencia de severas deficiencias en los sistemas de registro que atentan contra la confiabilidad de los datos de gestión e inexcusables demoras en el trámite de un porcentaje importante de las causas relevadas. Las dilaciones detectadas revisten especial gravedad, por cuanto excedieron notoriamente los límites razonablemente admitidos en un proceso penal, conspirando contra la eficaz prestación del servicio de justicia.

A la vez, se destacó una serie de situaciones críticas en la investigación de hechos graves por parte del entonces fiscal federal Benito Pont, donde las y los auditores pudieron advertir que su desempeño “implicó un notorio apartamento de los marcos de actuación y criterios de política criminal que, para este tipo de causas, se instruye a los fiscales de todo el país desde el organismo”.

En referencia a las causas que involucraban investigaciones por el delito de trata de personas, la auditoría formuló diferentes observaciones de actuación, entre ellas profundizar el seguimiento de los trámites de las causas en los que el órgano jurisdiccional se reservó la dirección de la investigación, adoptando una posición proactiva que exceda de la mera notificación de diligencias; e interpretar el tipo penal de la trata de personas y los demás tipos penales alcanzados, de conformidad con la redacción incorporada por la ley 26.842. Asimismo, se instó a dar cumplimiento a distintos lineamientos contenidos en resoluciones del organismo, como así también a las previsiones del Código Procesal Penal y la ley 26.364.

Por otra parte, la auditoria hizo especial mención al grado de compromiso y colaboración advertido, por parte del fiscal subrogante, doctor Aníbal F. Martínez, al considerar que ha mostrado una loable voluntad y decisión para trabajar en superar la grave crisis institucional evidenciada en la dependencia fiscal.

Del análisis del contenido del informe de auditoría, así como de los anexos que lo componen, surgen “acertadas las conclusiones a las que se ha arribado, algunas de las cuales han sido referidas sumariamente en los párrafos anteriores, por lo que, compartiéndolas, se habrá de aprobar dicho informe”.

En el informe se proponen nuevas instancias para monitorear, si subsistieran a la fecha las irregularidades detectadas, y si ya se ha dado cumplimiento a medidas de la clase de las sugeridas.

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