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Jun 16

Corrientes: fiscal pidió el desalojo de los okupas del barrio San Roque.

Aguapey.Corrientes,16.06.2016.El doctor Pablo Sosa argumentó, ante el Juzgado Correccional Nº 1, que las familias incurren en el delito de usurpación y, por tanto, deben ser removidas de inmediato.

Más de dos meses después de que un grupo de 150 familias se instalara ilegalmente en un terreno del barrio San Roque Este, el fiscal que entiende la causa, Pablo Daniel Sosa presentó el pedido formal de desalojo al Juzgado Correccional Nº 1. El letrado fundamenta el pedido con argumentos legales que dejan en claro el hecho de que todas estas personas «incurren en el delito de usurpación» y significan a la vez un peligro para la comunidad de la zona.

Según el escrito presentado por Sosa, el asentamiento fue montado por el grupo de familias en «zonas destinadas a veredas, calles y como así también una cancha de fútbol». «El inmueble fue transformado en un asentamiento muy precario, peligroso, dificultando además la higiene de las adyacencias, lo que lo torna un foco infeccioso para todos los vecinos del barrio; ya que habrían tapado los desagües del barrio; habrían conectado ilegalmente la luz y el agua, no poseerían cloacas, agregado al constante enfrentamiento que se produciría con los vecinos que hace más de veinte años vivirían en las adyacencias», agregó haciendo referencia al riesgo potencial que significa para las demás familias de la zona.
Sin embargo, a pesar de la cuestión del reclamo de los vecinos de la zona, el principal argumento del Fiscal es lo establecido en el Artículo 181 del Código Penal que reprime a quien «… por violencias, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad despojare a otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real constituido sobre él, sea que el despojo se produzca invadiendo el inmueble, manteniéndose en él o expulsando a los ocupantes …».
Y la causa se fundamenta además en la denuncia de una persona en representación de la Municipalidad y las actuaciones «de oficio» que se iniciaron en la Comisaría 21ª ese mismo domingo 8 de mayo, cuando llegaron todas las familias y se instalaron arbitrariamente en el mencionado terreno.
Sosa dijo en una entrevista con EL LIBERTADOR, que entiende que se trate de personas en situación de vulnerabilidad. Pero al mismo tiempo aclaró que ninguna circunstancia justifica que se cometa un delito. Y en este caso se cometió el delito de usurpación./diarioElLibertador

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