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Sep 17

Corrientes nunca aplico lo establecido en la reforma constitucional del 2007

Aguapey.Corrientes,17.09.2016.El intendente de Santa Lucia tata Sananez y el concejal Ariel Pereira de Goya se reunieron con los senadores provinciales Daniel Alterats y Rubén Pruyas, donde dialogaron de diferentes temas, entre ellos el funcionamiento de la justicia de Corrientes. Pereira en ese sentido manifestó a los senadores provinciales, la necesidad de avanzar en la división del ministerio público, tal como lo establece la constitución Correntina en su reforma del 2007 avalada por el fallo de la corte suprema de la nación, como así también sobre la parcialidad de algunos funcionarios judiciales, donde muchos de ellos serán materia de análisis para evaluar de forma minuciosa el accionar de ellos.

La división del Ministerio Público en la provincia de Corrientes
A fin de abordar el tema que nos ocupa es necesario remontarnos al año 2007, oportunidad de la última Reforma a la Constitución de la Provincia de Corrientes, y en la cual la Convención Constituyente redactó e introdujo el texto del artículo 182, en virtud del cual se instituye la división del Ministerio Público en tres órganos: Fiscalía General, Defensoría General y Asesoría General.
Dicha división jamás había sido concretada atento a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por el Fiscal General Dr. César Sotelo, avalado en principio por el STJ, lo que fuera recurrido oportunamente por el entonces fiscal de Estado, Fernando Carvajal, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En efecto, el STJ dictó el 6 de marzo del 2009 una sentencia por la cual se hacía lugar parcialmente a la demanda promovida por el doctor Cesar Sotelo como titular de la Fiscalía General del Poder Judicial para declarar la nulidad de la incorporación de los cargos de Defensor General y Asesor General.
Previo a ello, el 14 de agosto del 2008 el STJ había dictado una resolución en la que rechazaba la falta de legitimación activa, falta de personería, falta de causa e incompetencia deducidas por el Fiscal de Estado, quien acudió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En diciembre del 2010, el máximo órgano judicial del país, hizo lugar a la queja de la Fiscalía de Estado y declaró procedente el recurso extraordinario, ordenando el reenvío de la causa a la Justicia Provincial a fin de que emita un nuevo fallo “con arreglo a lo resuelto” por la Corte.
Desde entonces el Superior Tribunal de Justicia no se había expedido al respecto, pero finalmente, la Corte Provincial determinó que el Ministerio Público deberá dividirse en: Fiscalía, Defensoría y Asesoría.
La medida se dará como corolario de la reciente sentencia Nº 1/14 dictada en fecha 5 de febrero de 2014, en virtud de la cual los ministros Alberto Alejandro Chain, Fernando Augusto Niz y Guillermo Horacio Semhan rechazaron la legitimidad del Fiscal General, haciendo lugar a la excepción de falta de legitimación activa opuesta por la Fiscalía de Estado.
Tras abocarse al estudio del caso los doctores Semhan, Chain y Niz consideraron que el Fiscal General carecía de competencia para promover una acción de esas características y que, además, no había quedado cabalmente demostrado el modo en que la división del Ministerio Público afectaría a la sociedad, desnaturalizando la autonomía funcional del órgano.
En consecuencia, quedó sin efecto la abstención del Poder Ejecutivo y el Senado de prestar acuerdo o nombrar a los postulantes cuyos pliegos se encontraban en trámite para cubrir los cargos de Defensor General y Asesor General.
Recordemos que la Convencional Constituyente del año 2007 dotó a la Provincia de Corrientes de un sistema de Ministerio Público acorde con los nuevos paradigmas vigentes, y que resultaba compatible con el programa constitucional nacional, que en su artículo 120 consagra la existencia de un Ministerio Público de la Defensa autónomo y autárquico, en salvaguarda del Principio de Igualdad de Armas, el cual se garantiza únicamente a través de la autonomía de la Defensa Pública.
Así el artículo 120 de la Constitución Nacional establece la autonomía funcional y autarquía financiera del Ministerio Público de la Defensa: “El ministerio Público es un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera, que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad, en coordinación con las demás autoridades de la República. Está integrado por un Procurador General de la Nación y un Defensor General de la Nación y los demás miembros que la ley establezca. Sus miembros gozan de inmunidades funcionales e intangibilidad de sus remuneraciones”.
En efecto, el Ministerio Público de Argentina es un órgano constitucional bicéfalo integrado por el Ministerio Público Fiscal, dirigido por el Procurador General de la Nación y encargado de la acción de los fiscales, y el Ministerio Público de la Defensa dirigido por el Defensor General de la Nación y encargado de la acción de los defensores oficiales o públicos.
Los fiscales son los encargados de defender los intereses públicos en los procesos judiciales, instando la acción pública, en tanto los defensores públicos son los encargados de defender los derechos de las personas perseguidas por los tribunales del país o que, por alguna circunstancia no pueden ejercer su defensa.
En rigor, resulta tan inaceptable constitucionalmente que un juez instructor investigue y resuelva en una causa, como que un mismo Procurador sea el Jefe máximo de los Fiscales y los Defensores.
Todo esto conspira objetivamente contra la categoría de defensa eficaz, situación que se evidencia en los segmentos más vulnerables de la sociedad.
Se trata de actuar en salvaguarda del principio de igualdad de armas, un axioma fundamental de los esquemas contradictorios que no admiten la concentración de funciones en mano del Ministerio Público Fiscal en detrimento de la autonomía del Ministerio Público de la Defensa; sobre todo cuando existen en su base objetivos institucionales, procesales y funcionales distintos, e incluso, la mayoría de las veces contrapuestos.
El esquema institucional del Ministerio Público de la Provincia de Corrientes no se adecuaba a las previsiones del punto 4 de la Resolución Nº 2656 de la Organización de Estados Americanos (OEA), que forma parte de nuestro derecho interno y resulta de absoluta aplicabilidad y obligación para el Estado argentino, en cuanto recomienda a los Estados Miembros que ya cuentan con sistemas de Defensa Pública a que adopten las acciones tendientes a que los Defensores Públicos Oficiales gocen de independencia y autonomía funcional, asegurando la paridad contradictoria propia de los sistemas adversariales.
Dicha resolución se basó en un proyecto elaborado por la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez y patrocinado por la delegación argentina ante la OEA.
Recordemos que la Dra Martínez, fue codirectora del Curso de Especialización para la Defensa, dictado en el Colegio Público de Abogados de la Primera Circunscripción, el cual fue fruto del convenio firmado con la Universidad Nacional del Litoral, de la provincia de Santa Fe. En oportunidad de su visita a nuestra ciudad con motivo de la apertura del Curso referido, el Principio de Igualdad de Armas fue expuesto brillantemente por la Defensora General, oportunidad también en la que expuso sobre el proyecto que diera origen al mencionado punto 4 de la Resolución Nº 2656 de la Organización de Estados Americanos (OEA).
En dicha oportunidad recordó que es imposible pensar que un mismo órgano tenga el control y la dirección técnica y política sobre los funcionarios que tienen en sus manos el ejercicio de la persecución penal estatal, por un lado, y por el otro, sobre los órganos encargados de defender a los imputados de esa misma persecución estatal. Y es precisamente el Ministerio Público de la Defensa el órgano que tiene a su cargo la observancia de las garantías constitucionales y legales, muchas de ellas incorporadas al derecho interno por la Constitución Nacional (artículo 75, inciso 22) asegurando la presunción de inocencia, el juicio justo, el derecho de defensa y la paridad de armas como derechos de los imputados.
En efecto, el Ministerio Público Fiscal es el encargado de ejercer la persecución penal, investigar conductas y reunir elementos de incriminación respecto de personas sospechadas de haber cometidos delitos, justamente por eso cuenta con la asistencia de la autoridad policial. Por el contrario, el Ministerio Público de la Defensa debe proteger a los imputados del eventual uso arbitrario o excesivo del poder punitivo estatal, bregar por la vigencia plena de sus derechos y garantías, controvertir las imputaciones y presentar evidencias probatorias de descargo a favor del imputado.
Por eso, es necesario recordar que las funciones que hasta antes del fallo del STJ, concentraba la Fiscalía General producían un claro desequilibrio institucional entre el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa.
Ya en el año 1986 la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció en la causa “Jorge Norberto Fernández” que “la garantía de la defensa en juicio -en materia penal- no se reduce al otorgamiento de facultades para el ejercicio del poder de defensa, sino que se extiende, según los casos, a la provisión por el Estado de los medios necesarios para el juicio al que se refiere el art. 18 de la Constitución Nacional se desarrolle en paridad de condiciones respecto de quién ejerce la acción pública y quién debe soportar la imputación, mediante la efectiva intervención de la defensa” (Fallos, 308:1988)./TN Goya.

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