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Abr 03

CUMPLEAÑOS

POR ALBERTO RUIZ DÍAZ, Especial para Aguapey Noticias.


Aguapey.Corrientes,03.04.2016.Ayer (2 de abril) hizo 40 años que José Alfredo Martínez de Hoz anunciaba el plan económico de la dictadura cívico-militar denominado “Programa de re­cuperación, saneamiento y expansión de la economía argentina”. Detrás del aparatoso título la receta era desregular el funciona­miento del Estado a punta de bayonetas con un claro mandato imperial: liberalizar el comercio internacional y el movimiento de capitales desde y hacia el mundo. Su lógica financiera se basaba en el funcionamien­to del Estado con endeudamiento externo. El entonces embajador norteamericano en Buenos Aires, Robert Hill, manifestó que ha­bía apoyado a los militares golpistas y que “reconocería cualquier gobierno que reúna los requisitos necesarios (sic)”. De hecho su país fue el primero que reconoció a la dicta­dura militar como gobierno legítimo de los argentinos.

La reorientación del gasto público y la flexi­bilidad laboral implícita en el régimen fue útil a grupos civiles y empresarios de la dictadura, especialmente por la abolición de derechos y por el sistema disciplinario vulgarmente co­nocido como terrorismo de Estado en que se torturaba, asesinaba y desaparecía a miles de personas. Sobre este asunto y a propósi­to de la visita del presidente Barack Obama a la Argentina, el Diario La Nación publicó: “En 1976 el presidente estadounidense era el republicano Gerald Ford. Su secretario de Estado era Henry Kissinger, quien recibía casi a diario informes de la embajada en Buenos Aires sobre la represión ilegal, como revelan los documentos desclasificados en 2002 por el Departamento de Estado” (http://www.la­nacion.com .ar /1882314-cuando-carter-en­frento-a-la-dictadura). Visto desde este pun­to el ricardismo de Estado -según el cual toda norma, control o regulación es una molestia que debe ser incumplida o removida- es todo un progreso porque los únicos desaparecidos son quienes tienen roles constitucionales de controlar al Ejecutivo de Corrientes, entre ellos el Tribunal de Cuentas, que revisa las idem; las autoridades de la Legislatura, que aplazan los debates sobre rendiciones de cuentas, y el Contador General de la provin­cia, quien prefiere no hacer juicios de respon­sabilidad a jerarcas con capacidad de ocasio­nar perjuicios económicos al Estado.

En 1976 Martínez de Hoz pontificaba que “el mercado debía decidir si el país fabrica acero o caramelos” y un lema que se veía hasta en la sopa era “achicar el Estado es agrandar la Nación”, pero su plan neoliberal dio indicios de ser un fracaso a los dos años: el PBI de la Argentina descendió más del 3 por ciento, con una inflación anual de 160 por ciento y la economía estancada, al punto que en 1978 apareció la famosa “tablita” para una devaluación programada y gradual, o sea para controlar al monstruo de mil cabezas; lo cual no dejaba de ser un ingenuo berretín.

Años después, para desregular el funciona­miento del Estado sólo hace falta desfachatez e impunidad, como cuando en Corrientes se “reorienta” el gasto público de fondos para viviendas aplicándolos a canchas de fútbol; o cuando se liberaliza el contrato de concesión del agua, prorrogándolo por decreto antes que venza y, en vez de cobrar un canon, el Estado paga honorarios para que el concesio­nario cobre en Empedrado, Santa Lucía y Ya­peyú; incluso el ministro Vaz Torres ni nece­sitó decreto cuando antes de su vencimiento, prorrogó la concesión del Casino de Goya.

El endeudamiento externo de 1976 fue la carga más pesada, hasta hoy, agravada por varios ataques especulativos: la estatización de deu­das privadas, por citar uno, fue en 1982 cuan­do Domingo Cavallo era presidente del Banco Cen­tral y fueron anotados como deuda pública 17 mil millones de dólares que supuestamente adeudaban al exterior gru­pos empresarios privados. Uno de los espec­tadores pasivos, por no decir un encubridor de semejante manotazo fue Carlos Melco­nian. En 1986 firmó y envió al directorio de la entidad el informe 480/161, donde se pedía “anular la investigación de la deuda privada”. La investigación de los auditores había es­tablecido como “créditos fraudulentos y de dudosa legalidad, declarados por empresas privadas, valuadas en al menos 6.000 mi­llones de dólares” (https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Melconian). Así esos 17 mil mi­llones de dólares pasaron a ser una deuda de todos nosotros. Ante ese latrocinio los 60 mi­llones de dólares que el impune Oscar Aguad cambió por Cecacor parecen una moneda. Melconian es el actual presidente del Banco de la Nación Argentina nombrado por Macri, dicho con todo respeto por la legitimidad del gobierno actual elegido por el pueblo, pero con la salvedad de que ni una sola de las polí­ticas que se llevan a cabo fueron explicitadas ni sometidas a la voluntad popular.

Martínez de Hoz murió en marzo de 2013 a los 87 años; con prisión preventiva en su do­micilio, procesado en la causa que investiga el secuestro de 2 empresarios en 1976. No es casual que en el Congreso de la Nación, en septiembre de 2015 el PRO se haya negado a aprobar la “Comisión Bicameral de la Verdad, la Memoria, la Justicia” para investigar “com­plicidades económicas” durante la dictadu­ra y determinar quiénes fueron los “actores económicos y técnicos que contribuyeron o se beneficiaron” con ella.

Refiriéndose a la deuda externa, un Juez de la Nación escribió en su fallo que “ha resultado groseramente incre­mentada mediante la instrumentación de una política económica vulgar y agraviante que puso de rodillas al país (…) en desmedro de sociedades y empresas del Es­tado que, a través de una política dirigida, se fueron empobreciendo día a día” agregando que “el país fue puesto desde el año 1976 bajo la voluntad de los acreedores externos” (fallo del juez Jorge Ballesteros) en el proceso de la deuda iniciado por el compañero Alejandro Olmos, que murió antes de conocer el resul­tado de su investigación. El plan económico de hace 40 años fue una derrota de la sobe­ranía nacional y el inicio del penúltimo ciclo de endeudamiento externo. El último acaba de comenzar con la capitulación del país ante los buitres

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