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Feb 16

Documentos y huellas dactilares en las elecciones provinciales

Aguapey.Buenos Aires,16.02.2017.Un control general en la identificación de personas, con DNI e incluso huellas dactilares, que incluye a Corrientes, podría implementarse para las elecciones en las provincias de la región.

Desde la Nación se analiza implementar, a modo de prueba piloto, en las próximas elecciones sistemas de huellas dactilares en los centros de votación de Corrientes, Formosa, Misiones, Salta y Jujuy para evitar de esta manera que voten personas no habilitadas.

A partir de la fiscalización de las huellas dactilares se podrá chequear la identidad del votante y evitar, por ejemplo, el llamado “doble voto” de ciudadanos no argentinos que cruzan la frontera en tiempo de elecciones y sufragan en su país de origen y de este lado del mapa.

En el Consejo de la Magistratura, jueces y secretarios electorales de todo el país serán protagonistas de una cumbre en la que se analizarán las advertencias sobre la fragilidad de la seguridad de los sistemas informáticos que dan soporte a la organización de los comicios.

En la reunión se reclamará para que se avance con la implementación de controles biométricos en la frontera norte de la Argentina, para evitar que una persona no habilitada pueda votar.

La idea es hacer, en las próximas elecciones, una prueba piloto en 1.000 centros de votación de las provincias de Corrientes, Jujuy, Salta, Formosa y Misiones.

En caso de encontrarse alguna irregularidad, el votante igual podrá ingresar al cuarto oscuro, pero se iniciará un expediente para investigar cada uno de los casos que sean advertidos por las autoridades.

Esta iniciativa fue anunciada a finales de 2016, en un evento que contó con la participación del ministro de Justicia, Germán Garavano, y la ministra de Justicia, Patricia Bullrich. Sin embargo, todo quedó en una declaración de intenciones.

Lo llamativo es que los 67 millones de pesos que cuestan las máquinas destinadas a tal fin ya fueron girados por el Poder Ejecutivo al Consejo de la Magistratura.

“Hay temas burocráticos y alguna resistencia política de un legislador oficialista que representa a una provincia de frontera que, evidentemente, no está a gusto con estos controles”, explicó una fuente judicial.

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