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Oct 25

Opinar fuera del tarro

Por Alberto RuizDiaz

Aguapey.Corrientes,24.10.2016.El gobernador Colombi manifestó que no rubricará un convenio sobre deudas, acordado entre el IOSCOR y el municipio de Corrientes. A su vez el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Guillermo Semhan se metió en la polémica y ratificó la validez del convenio, que había sido negada por Colombi. “El convenio está firmado y eso es lo que vale, produce efecto entre las dos partes desde la misma firma del convenio” habría dicho el magistrado.
De los dichos se deduce que una de las “partes” es el IOSCOR, lo cual lleva a pensar que el magistrado no considera o no recuerda o no conoce que la intervención de dicha entidad está viciada de nulidad por habérsele agotado la actividad funcional del cargo cuya duración estaba establecida de antemano por la ley; pues según el procedimiento administrativo la intervención “no podrá ser de más de tres meses, prorrogables por otros tres.” (ley 3460 Art. 84º) y sigue: “Vencido el plazo o su prórroga, la intervención caducará automáticamente…” (Art. 85º). A partir de acá el conflicto es de Ricardo Colombi porque su interventor en el IOSCOR, después de haber caducado en el desempeño de su cargo público lo continúa ejerciendo con lo cual perdió la legalidad, si es que alguna vez la tuvo, pero además el Código Penal argentino supone que se cometió un delito de usurpación de autoridad.
Así, extinguida la legalidad del órgano de administración del IOSCOR y consentido el statu quo de facto, el gobernador asumió de hecho su administración; concretamente desde que su interventor o delegado quedó fuera de la ley por haberse agotado el término legal de su mandato y por ende parece lógico que en el convenio de marras, una de las partes es el municipio y la otra sería Colombi en persona; o al menos habría que considerarlo.
El presidente del Superior Tribunal opina seguido. Ya es famoso por resolver a sola firma asuntos que competen al Tribunal reunido. En el presente caso del IOSCOR su opinión estaría fundada en el teórico caso de que la autarquía sea administrada por el Directorio o incluso por un Interventor con los requisitos establecidos por la Constitución y la ley; vale decir, una intervención conforme a derecho, en cuyo caso la entidad autárquica tendría la potestad de pactar en conflictos como el que nos ocupa, sin necesidad de beneplácito, permiso o autorización del gobernador, pero en este caso es dudoso pues la autarquía se volvió imaginaria.
En el IOSCOR se ha suplantado un Directorio de cinco miembros por un interventor administrativo. Si bien el gobernador lo llevó a cabo en virtud de las facultades que le confiere la Constitución Provincial en el Art.162 inc. 18 (decretar la Intervención del organismo autárquico), el termino de ley ha transcurrido y la intervención ha caducado automáticamente. Pero además trajo aparejada una disminución de derechos de los beneficiarios y una mutación en el vínculo ya que la obra social no responde, como anteriormente, a valores de solidaridad y la participación de jubilados y activos integrados en su Directorio. Quizás el ejemplo más claro de la progresiva mutación ideológica es el salto del régimen de prestaciones mutuas para los empleados públicos (cualidad de mutual) a una agencia híbrida que distribuye discrecionalmente el bienestar y los recursos a otras determinadas asociaciones. En este cambio de escena que se realizó variando el telón y los bastidores como un teatro de magia, es obvio que el gobernador asumió de hecho la responsabilidad.
Estas reflexiones no pretenden menoscabo alguno al esmero y dedicación demostrada por quienes llevaron a cabo, tanto las negociaciones como la mediación entre IOSCOR y municipio, pero la progresiva mutación ideológica del colombismo terminal resulta como mínimo inquietante./diario 1588.

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