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Mar 10

Por decreto, el gobernador separó de sus cargos a los sospechados

Aguapey.Resistencia.Chaco,10.03.2018.El dictamen, que lleva la firma del vicegobernador a cargo del Ejecutivo, Daniel Capitanich, alcanzó a Horacio Rey y Roberto Lugo, pero también a los secretarios privados y hermanos Susana (esposa del secretario general) e Ismael Fernández.
Por instrucciones explícitas del gobernador Domingo Peppo, el Poder Ejecutivo decretó la separación de sus cargos a funcionarios que están siendo investigados por la Justicia Federal.
La medida de Peppo alcanza al secretario general de Gobernación y Coordinación, Horacio Rey, y al subsecretario de Comercio y Servicios, Roberto Lugo.
El decreto también separó de sus puestos de trabajo a los hermanos Ismael Ángel y Susana Beatriz Fernández (esposa de Rey), ambos integrantes del personal del gabinete de la Secretaría General.
El dictamen, que lleva el número 393/2018, fue firmado ayer por la tarde por el vicegobernador Daniel Capitanich, a cargo del Ejecutivo a raíz del viaje oficial que Peppo emprendió a Estados Unidos.
«Con esta medida se busca garantizar el esclarecimiento de la investigación preliminar por supuesta evasión de activos», se informó desde Casa de Gobierno en un comunicado oficial distribuido a los medios luego de la suspensión de una conferencia de prensa que estaba prevista para las 19.30.

COLABORACIÓN E INFORMACIÓN.

En el decreto se ordena a todas las áreas del Estado provincial a prestar colaboración ante cualquier tipo de requisitoria judicial; en tanto que se comunica que quedan suspendidos los pagos y la ejecución de contratos de pautas publicitarias de los proveedores que son mencionados en la investigación judicial. Estos contratos estarán sujetos a un control del cual surgirá la erogación o no de ese pago.
También, mediante el dictamen ejecutivo, el Gobierno confirma la conformación de una unidad de control, gestión y auditoría para verificar los contratos en vigencia.
Desde el gobierno provincial, por instrucciones del gobernador, se brindará colaboración con la Justicia para esclarecer el hecho y brindar tranquilidad a la comunidad.

Gil, muy complicado
El dueño de la agencia publicitaria Brandon Latina, Facundo Gil, sería imputado por encubrimiento tras el allanamiento que se produjo en las oficinas de su empresa.
Según reveló el fiscal Federal 1, Patricio Sabadini, mientras los agentes que llevaban adelante el procedimiento en Brandon -ubicada en Pellegrini al 389-, una persona borró algunos archivos digitales que estaban guardados en una computadora.
Aparentemente, la eliminación de los archivos se hizo a través de un acceso remoto (desde otra máquina ubicada en un lugar no confirmado).
Sabadini dio a entender que hubo algunos «inconvenientes» durante el allanamiento en la agencia de publicidad, vinculados a que «alguien» se encontraba borrando archivos digitales mediante un acceso remoto.
De acuerdo con el fiscal, este hecho podría encuadrar bajo el delito de encubrimiento y esa calificación le cabría a su propietario, Gil.
Es más, anoche circularon fuertes rumores acerca de una orden de detención contra el empresario, estrechamente vinculado a Horacio Rey desde 2015 en torno al manejo de la «imagen» del Gobierno y la construcción de distintas campañas de comunicación oficial.
En lo que respecta a órdenes de captura, también se registraron rumores acerca de que estarían apuntadas en ese sentido otras de las personas involucradas en la investigación.

El radicalismo salió a pedir la interpelación de los funcionarios involucrados y reclamó transparencia
El interbloque legislativo de la Alianza Cambiemos salió ayer a pedir la interpelación parlamentaria de los dos funcionarios involucrados en la causa por, entre otras irregularidades, supuesto lavado de activos al tiempo que reclamó transparencia al gobierno. Sin embargo habrá que evaluar en que situación quedaría el pedido dado la efectivización de su desplazamiento.
En un breve comunicado de prensa, Cambiemos remarcó la «gravedad institucional» que constituyen la investigación en marcha a cargo de la Justicia Federal.
Y, puntualmente, plantearon la interpelación tanto de Horacio Rey (secretario general de Gobernación y Coordinación) como de Roberto Lugo (subsecretario de Comercio y Servicios).
La postura de Cambiemos se había hecho pública pasado el mediodía, antes de conocerse el decreto 393/18 que removió de sus cargos a ambos funcionarios sospechados.
«Es una situación de altísima gravedad y preocupación la que se está dando en el seno del gobierno provincial que relaciona a funcionarios provinciales con lavado de activos, evasión y enriquecimiento ilícito», destacaron los diputados del radicalismo y el PRO.
«Hoy (por ayer), la Justicia Federal llevó adelante una serie de allanamientos en la sede misma de la Gobernación y otras dependencias oficiales como Fiduciaria del Norte en búsqueda de documentación y elementos de prueba, anteriormente, y en el marco de la misma causa otros allanamientos en una guardería de lanchas en Antequera», indicaron los legisladores, a modo informativo y descriptivo.
«De todas maneras no sorprende, desde nuestro bloque veníamos denunciando irregularidades precisamente en relación a la Fiduciaria en juzgados locales y en la propia Comisión Nacional de Valores porque es un organismo utilizado como la caja negra del Gobierno para adjudicación de obra pública, pauta publicitaria y otras tantas cuestiones, por lo tanto vamos a pedir con urgencia la interpelación de todos los funcionarios involucrados», finaliza el comunicado de Cambiemos, distribuido a los medios de prensa.

MOVIMIENTOS POLÍTICOS.

La jornada de ayer fue una de las más agitadas de los últimos años en el mundillo político chaqueño. Incluso hubo intensas comunicaciones entre referentes del radicalismo local y altos funcionarios del gobierno nacional.
Uno de los que tomó la voz cantante en la UCR fue Livio Gutiérrez, quien fue consultado a lo largo de todo el día por distintos canales de TV y radios porteñas.
El diputado mostró su preocupación en torno a los allanamientos y reclamó transparencia al gobierno provincial, especialmente en cuanto a la colaboración con la investigación iniciada por el Juzgado Federal de Resistencia.

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