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May 13

Una pandemia siempre profundiza las desigualdades existentes.*

* Por: Silvana Lagraña: Coordinadora del Observatorio MuMaLa Corrientes.

Aguapey.CORRIENTES,12.05.2020.»Las medidas de prevención de contagio y propagación del COVID – 19, requieren un conjunto de cambios en los distintos aspectos de la vida diaria de las personas, pero no tienen el mismo impacto y no son vivenciados en todos los casos de manera homogénea. Por ejemplo, en el caso de las mujeres y disidencias, en nuestro país como en otras regiones subdesarrolladas del mundo, hace varias décadas, la desigualdad, la discriminación y la violencia machista son naturalizadas en la vida cotidiana, sumándose a estas situaciones la existencia de políticas públicas débiles para contrarrestar o erradicar estas vulnerabilidades y riesgos, que se incrementan en contexto de crisis, pobreza y pandemia».

«En este sentido los datos de la ONU Mujeres muestran que, «actualmente, cerca del 60% de las mujeres del mundo trabaja en la economía informal, gana menos, ahorra menos y está en mayor riesgo de caer en la pobreza. A esto se suma que el cierre de negocios ha dejado a millones de mujeres sin trabajo».

«Por su parte, La Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans (RedLactrans) estimó que “el 95 por ciento de las compañeras trans quedan fuera de las economías formales. No poseen viviendas propias, deben pagar alquiler, su alimentación y sostener medidas de prevención. Estimó además que por la pobreza y la exclusión es población de alto riesgo durante el coronavirus”.

«En Argentina según el Observatorio de MuMaLa “Mujeres Disidencias Derechos” en lo que va del año ya se registran 108 femicidios y 45 desde el 12 de marzo. Es decir que, en Argentina hay una víctima de violencia extrema machista cada 29 horas».

«Por su parte el Registro Nacional de Libres y Diverses revela que cada cinco días se produce un hecho de violencia en el país. El 42% de las víctimas son travestis y mujeres trans, el 9% varones trans, y el 46% otras identidades diversas. Asimismo, en el último año, se registraron 68 travesticidios sociales, producto del conjunto de exclusiones que se dan hacia el colectivo travesti trans (expulsión del hogar, la dificultad para acceder al sistema salud, trabajo, entre otros) que llevan a la precariedad del bienestar».

A estas injustas condiciones de vida marcadas por la desigualdad, violencia y discriminación que vivencian las mujeres y disidencias en nuestro país, hay que sumar lo que viene sucediendo en estas últimas semanas con el accionar del sistema judicial argentino y las consecuencias negativas que acarrea, como el alto riegos de re victimización de las víctimas de violaciones, abusos y violencia de género, que también padecen los familiares de víctimas de femicidios. Este accionar del sistema judicial se contrapone claramente con el marco legal nacional e internacional que promueven: la incorporación de la perspectiva de género y antidiscriminatorias, defender los derechos de las mujeres y disidencias y la lucha contra la violencia en todas sus modalidades, tal como lo establece la Convención Internacional Belem do Pará, la Ley 26,485, la Ley 26.743, la Ley Micaela, entre otras. Asimismo, algunos jueces desestimaron, en su accionar, con lo que establece la acordada de la Cámara Federal de Casación Penal, en cuanto a otorgar medidas alternativas al encierro (como es el arresto domiciliario, con mecanismo de control y monitoreo), a personas que forman parte de los grupos de riesgo y que NO hayan cometido delitos graves y violentos».

Por otra parte, poco o nada se sabe sobre las condiciones en la cual se encuentran actualmente las embarazadas, mujeres con hijxs, mujeres trans en contexto de encierro. Por lo tanto, otra vez queda en evidencia que el Estado, la Justicia, los medios de comunicación, y parte de la sociedad, siguen tratando a estas personas como ciudadanas de segunda, invisibles y sin derechos».

En consecuencia, la realidad actual de crisis y emergencia sanitaria insta con mayor fuerza a que el Estado y sus instituciones realicen un trabajo integral, con perspectiva de género y diversidad sexual, diferenciando los niveles de vulnerabilidad y riesgos presentes en cada grupo social. En este sentido es que desde nuestro espacio político feminista y disidente, exigimos:»

1- Se declare la Emergencia Nacional Ni Una Menos, que contempla las siguientes acciones eficaces para la contención, prevención y erradicación de la violencia machista: Asignación de mayores partidas presupuestarias; implementación del registro único de casos de violencia de género; registro de Femicidios en el INDEC; inclusión Laboral Travesti Trans; rápida instrumentación de la Ley Micaela, Ley Brisa y Programa ESI».

«2- Ampliar la asignación económica para mujeres y LGBTTIQ+ en situación de violencia de género y /o vulnerabilidad. Agilizar su instrumentación en el marco de la emergencia».

«3- Asignación económica para familiares de víctimas de femicidios. Asistencia y acompañamiento, asesoramiento jurídico gratuito».

«4- Programas para el fortalecimiento territorial de organizaciones de mujeres y LGBTTIQ+ y de familiares de víctimas de violencia de género».

«5- Fortalecimiento de Áreas de políticas de género en provincias y Estados locales».

«6- Fortalecimiento federal del Programa de Casas de Protección para Mujeres, Travestis, Trans, Lesbianas, en situación de violencia de género».

«7- Inversión en dispositivos electrónicos para agresores».

«8- Campañas masivas en medios de comunicación para la difusión de todos los recursos del Estado disponibles para el abordaje de las violencias».

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