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Sep 05

Villas y asentamientos: desigualdad en el territorio de los olvidados

Aguapey.Corrientes,05.09.2016.LIBRES EN LOS BARRIOS (3)Barrios de Pie, a través de sus diversas actividades, tareas sociales y solidarias tiene un vínculo directo con múltiples experiencias, trayectorias e historias de vidas que dan cuenta de la pobreza estructural y sus consecuencias, que se padecen no solo en nuestra ciudad sino también en el resto del país y que en esta oportunidad nos permiten contar un poco acerca de la problemática habitacional reflejadas en nuestras villas y asentamientos.

Por ejemplo, en la jornada del sábado 3 de septiembre, en horas de la mañana, se llevó a cabo una reunión entre compañer@s de la organización social Barrios de PIE , vecin@s del “tradicional o asentamiento” del barrio Ponce, integrantes de la comisión vecinal del mismo lugar y como siempre contando con la participación de Gabriel Romero (concejal de Libres del Sur), quien viene trabajando en las mejoras de distintos barrios y que para este lugar ya desde el año pasado ha presentado varios proyectos con la finalidad de que la municipalidad de Corrientes de solución a los problemas de este barrio.

Siendo uno del más urgente “evitar la inundación de los humildes hogares de esta zona cada vez que llueve. Y, que principalmente esto se debe a que este viejo asentamiento sigue sin contar con las infraestructuras adecuadas para el desagüe fluvial. Situación que lamentablemente el ejecutivo municipal no revirtió.

En consecuencia, fueron estas faltas de respuestas la principal convocante para reunir nuevamente a la comisión vecinal, la organización social Barrios de PIE, y al concejal autor de varios proyectos de solución para este asentamiento. Resultando esta reunión muy positiva ya que se acordó continuar con un trabajo colectivo, donde lo primordial es la insistencia permanente de conseguir que el estado en sus distintos niveles de las respuestas adecuadas para el mejoramiento habitacional de este lugar como (la construcción de los desagües fluviales, rellenos de los terrenos, construcción de una escuela primaria, casillas para las familias que se encuentran en situaciones de extrema vulnerabilidad, etc.)

Ahora bien, adentrándonos un poco más a la reunión en sí, y con la pura finalidad de compartir un poco las representaciones de cómo es vivir en estos lugares y cuál es la forma de salir de tal situación, que obviamente no es otra que organizándose y trabajando con y junto a los demás. Representaciones que seguramente se replican en otras familias de tantos otros asentamientos que también viven en condiciones precarias. Siendo una de las frases más reiterada y con mayor resonancia “nosotros somos olvidados”…, “nosotros también tenemos derecho a vivir dignamente”, “estamos dispuestos a trabajar junto al estado para mejorar y resolver los problemas comunes del barrio”, “estamos aquí hace más de 20 años”, “no podíamos acceder a un terreno con título ya que eran y siguen siendo muy costosos”, “nos vinimos a vivir a acá con nuestra familia porque no contábamos con otras oportunidades”.

“Nosotros somos olvidados”, sería la frase que mejor refleja cómo es vivir en una villa o un asentamiento y es la que da cuenta de la usencia del estado en algunos lugares, de la deuda pendiente de distintas gestiones y gobiernos en todos sus niveles, con estas miles de familias que hasta el presente siguen siendo negadas de poder ejercer un derecho tan fundamental “de acceder a la tierra y a la vivienda propia.

Nos parece pertinente compartir los apartados más sobresalientes de un estudio reciente acerca de “El derecho a la ciudad en la producción del suelo urbano” de Paola Bagnera, arquitecta, profesora e investigadora de la Universidad del Litoral. Porque, desde otro ámbito ayuda a comprender las causas de nuestras luchas sociales – políticas y también desde que lugar exigimos permanentemente la garantía de los derechos básicos como es el derecho de acceder a la tierra y a la vivienda propia, para estas familias humildes y otras tantas que aún siguen “olvidadas” por el estado y sus distintos programas nacionales, provinciales y municipales.

Entre los apartados más sobresalientes del estudio de Bagnera,(2016) compartimos los siguientes:

– La inequidad en el acceso a la vivienda y la ciudad en Argentina, evidencia una de las cuestiones más básicas ligadas a la expresión de la desigualdad en el territorio. Dicho acceso, históricamente expresado mediante la configuración de diversas formas de hábitat precario, reconoce una deuda pendiente en materia habitacional en el país, sobre todo ligada a los sectores más vulnerables de la población.

– El rol estatal como responsable y garante de este derecho ciudadano básico, se reconoce en el país hacia mediados del siglo XX. Se promulga expresamente, junto a una serie de derechos sociales básicos a ser garantizados por el Estado, en la Constitución de 1949.

– El suelo es uno de los factores que condiciona con mayor énfasis la desigualdad en la configuración del hábitat urbano en Latinoamérica y el Caribe. La búsqueda de un lugar en la ciudad, coincidentemente con esos espacios negados o sub-valorados por el mercado, se constituye en el objetivo de grupos poblacionales que se plantean producir colectivamente ese lugar que la propia ciudad niega.

– El proceso de construcción de la vivienda implica, por lo general, una instancia básica acompañada de la demarcación de la parcela que informalmente define un lugar físico creado en la ciudad (o en sus bordes). Dichas instancias iniciales, son luego complementadas por acciones -también colectivas- destinadas a la producción de “lo urbano”. En este sentido, la gestión de las infraestructuras en los barrios (en términos informales o su incorporación a redes formales) y los equipamientos (desde la inicial implantación comunitaria de comedores, dispensarios o espacios recreativos, a la institucionalización de redes y organizaciones sociales) forma parte de acciones que desde la gestión y la lucha ciudadana se reproducen y retroalimentan como modo de lograr paulatina y comunitariamente en la construcción de lo urbano, el acceso a la ciudad.

– “Es absolutamente legítimo que el Estado intervenga y distribuya una parte de la valorización producida por las acciones, tanto propias como de distintos actores, en los procesos de urbanización” (CNTHS, 2012). En este sentido, producir suelo urbano implica -según el planteo de la Comisión Nacional de Tierras- el desarrollo de una política pública que se plantea “intervenir en el mercado de suelo promoviendo el derecho a la tierra” y para esto, se promueve el desarrollo de acciones ligadas a la generación de procesos de urbanización de tierras no urbanizadas (modificando sus condiciones legales y dotando de infraestructura básica) basadas en la articulación interactoral, en el apoyo a procesos generados por la comunidad y grupos organizados, y en el desarrollo de estrategias inclusivas de planificación urbana. Fundamentalmente producir suelo urbano implica –desde esta lógica- incorporar la presencia del Estado como agente capaz de reequilibrar una injusta situación que deriva en una sostenida e histórica desigualdad en el acceso a la ciudad.

– El acceso al hábitat en Latinoamérica y el Caribe, da cuenta de procesos y reivindicaciones que durante décadas desarrollaron habitantes y organizaciones sociales que, al tiempo que protagonizaron la construcción de ciudad, se construyeron como sujetos políticos, territorializados a partir de sus propias luchas colectivas. El proceso autogestionario no se encuentra desvinculado del proceso político: implica organización y lucha para modificar ese estado de la cuestión que provoca exclusión y segregación. La vivienda y la tierra fueron las banderas que permitieron la organización social pero a su vez, el horizonte que permitió visibilizar un derecho de la sociedad toda, más allá de la directa alusión al grupo involucrado.

– la necesidad de articular acciones, políticas y miradas en pos de la actuación desde una lógica de integralidad (y por lo tanto, la articulación con otras políticas públicas) que la propia noción del hábitat implica. Integralidad que implica asimismo una necesaria articulación entre las organizaciones sociales y los ámbitos estales responsables de su desarrollo y ejecución.

– El rol del Estado en tanto garante de ese acceso básico a la tierra, la vivienda y el hábitat, enmarcado en el ejercicio del derecho a la ciudad, no excluye sino que potencia el proceso colectivo si el mismo es abordado integralmente. Un proceso colectivo que enriquece, articula, facilita y genera apropiación en términos de procesos y resultados, pero que sobre todo, permite construir poder territorial a partir del dato más básico: la configuración del hábitat y el logro de un lugar donde vivir.

– “Los compañeros y compañeras habitantes, sujetos sociales territoriales, se constituyen en sujetos políticos responsables, individual y colectivamente, a partir de la experiencia que les otorga la participación en el mejoramiento del hábitat. Esta acción constituye ciudadanía, catapultando la práctica de gestión para mejorar el barrio en un crecimiento que convoca a tener una mirada más compleja del mundo” (Marzioni, 2012:173)./Barrios de Pié.

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